La jueza federal de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a un recurso de amparo para que FlyBondi, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), «se abstengan de comenzar las actividades de aeronavegación en el Aeropuerto de El Palomar o Base Aérea Militar de El Palomar, hasta tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá ser presentado por la Empresa Aeropuertos Argentina 2000».
Según publica Infobae, la jueza le impide a la sociedad comercial «emitir boletos» y al ministro a cargo del área, Guillermo Dietrich, «continuar las obras ya iniciadas en los Hangares y todas las posteriores».
En su resolución, la jueza avanza sobre un tema denunciado en causas penales anteriores y sobre el cual los magistrados actuantes aún no se expidieron: la modificación de lo que por ley El Palomar fue destinado como «sitio de la memoria», ya que el lugar fue utilizado durante la última dictadura militar como Centro Clandestino de Detención y Exterminio, según los decretos 1986/14 del 29/10/14 del Poder Ejecutivo Nacional.
Así, la magistrada sostiene que la ANAC, a pesar de los requerimientos anteriores, «nada dice sobre el tema», y que el Ministerio de Transporte «sólo apela a la genérica afirmación de que la medida adoptada no afecta a los Derechos Humanos».
Días pasados, desde la Casa Rosada se había anunciado para el 10 de febrero el «primer vuelo de Flybondi desde Palomar». Ese fue el puntapié final para que los ciudadanos de las inmediaciones se manifestaran a través de marchas y que el abogado y vecino de Hurlingham Leandro Marisi presentara el recurso de amparo al que dio luz verde la jueza Forns.
