El debate sobre la modernización laboral sumó un nuevo capítulo tras la sanción de la reforma aprobada en sesiones extraordinarias y con amplias mayorías. Sin embargo, para el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el desafío de fondo no está saldado: la informalidad laboral, que alcanza al 40% de los asalariados privados, sigue concentrada en el segmento más vulnerable del entramado productivo, las pequeñas empresas.
Desde la entidad sostienen que “la modernización laboral no se agota en una ley sino que demanda un proceso continuo de cambios” y advierten que uno de los temas pendientes es abordar los obstáculos que enfrentan las micro y pequeñas firmas para formalizar a sus trabajadores.
Un cambio con efectos acotados
Según el análisis de IDESA, la reforma no altera derechos individuales, sino que “clarifica y unifica criterios para su aplicación”. En ese sentido, proyectan que podrían disminuir los conflictos individuales de trabajo y reducirse los márgenes de discrecionalidad en las justicias provinciales.
En materia de negociación colectiva, la norma invierte el orden de prelación, otorgando mayor jerarquía a los acuerdos descentralizados y estableciendo un plazo para la renovación de convenios vigentes bajo el esquema de ultraactividad. Además, fija reglas más precisas para la acción sindical y establece límites más definidos al ejercicio del derecho de huelga, con el objetivo de inducir mecanismos más eficientes para resolver controversias.
No obstante, la pregunta central persiste: ¿alcanzará la reforma para reducir la informalidad?
La radiografía del empleo informal
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al tercer trimestre de 2025, el fenómeno está fuertemente concentrado en las empresas de menor tamaño:
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Las firmas con menos de 10 trabajadores concentran el 76% del empleo asalariado privado no registrado.
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Las empresas de entre 10 y 40 empleados generan otro 14%.
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Las compañías con más de 40 trabajadores explican apenas el 10% restante.
En síntesis, el 90% de la informalidad laboral privada se origina en empresas pequeñas y microempresas. “El incumplimiento de las normas laborales es un fenómeno muy concentrado en las empresas más chicas”, subraya IDESA, mientras que las medianas y grandes tienen una participación marginal.
Productividad y brecha salarial
Para la entidad, la principal debilidad de la reforma es que no aborda el “núcleo causal” de la informalidad en las firmas más pequeñas. El problema central radica en la brecha entre los niveles de productividad y las exigencias de los convenios colectivos.
El salario bruto más bajo en las escalas de los principales convenios supera el millón de pesos mensuales. En contraste, siempre según datos del INDEC citados por IDESA, la remuneración promedio de un trabajador informal en empresas de menos de 10 empleados ronda los $550.000, y en aquellas de entre 10 y 40 trabajadores se ubica cerca de los $800.000. A esto deben sumarse las contribuciones patronales.
“Son muy pocas las empresas pequeñas que están en condiciones de cumplir con los convenios colectivos de trabajo y pagar las cargas sociales”, advierte el instituto.
Riesgo de más informalidad o desempleo
IDESA alerta que, si el organismo recaudador —la actual ARCA— lograra aplicar controles estrictos sin modificar las condiciones estructurales, el resultado podría ser contraproducente: más cuentapropismo y mayor desempleo. “La mayoría de las empresas más chicas no pueden cumplir las normas por sus bajos niveles de productividad”, señalan.
Frente a este escenario, proponen eximir a las empresas con menos de 10 trabajadores de la obligación de aplicar el convenio colectivo sectorial y facilitar que el resto de las pymes pueda firmar acuerdos propios con sus empleados que sustituyan al convenio de actividad. Complementariamente, sugieren establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales, sin comprometer el equilibrio fiscal.
Un proceso en construcción
Para IDESA, la ley de modernización laboral constituye “un hito histórico”, pero no el punto final. La modernización, insisten, debe entenderse como un proceso continuo. El próximo paso —plantean— debería orientarse a generar condiciones para que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a la formalidad sin que ello implique su inviabilidad económica.
En definitiva, la discusión ya no gira únicamente en torno a los derechos laborales, sino también a cómo adaptar el marco normativo a la heterogeneidad productiva del país, donde las empresas más pequeñas concentran el corazón del problema —y también, potencialmente, la llave de su solución.
