Por María Ester Romero, especial para Perfil Córdoba. Sorpresivamente, y cuando parecía que concluía la investigación penal por la asociación ilícita y estafas con la falsa criptomoneda One Coin, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier avanza ahora sobre la pata financiera. El 1 de diciembre pasado, el mismo día que se celebró la audiencia por acuerdos en juicios abreviados de los principales acusados, Gavier había ordenado la detención como presunto miembro de asociación ilícita de Nicolás Alfonso, CEO de Investment Management y gerente del Iaef Córdoba (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas). El dato causó impacto en el mundo financiero y empresario de Córdoba por el perfil y relevancia de Alfonso.
En esta nueva etapa de la pesquisa, el fiscal también imputó por presunto encubrimiento a seis gerentes o ejecutivos de bancos que habilitaron cuentas a la empresa ODT Argentina SA. Ellos son: Mariano Chianalino, Paula Ramírez, Cristian Austin, Tomás Ezequiel Sedo, Daniel Ritacca y Cecilia Sevastakis. Pertenecieron —algunos continúan— a los bancos Supervielle, Nación y BBVA. Para ellos no existió orden de detención.
De acuerdo a la información que pudo reconstruir Perfil CÓRDOBA a través de fuentes con acceso al expediente, gracias a Alfonso, Adolfo Amuchástegui pudo mover los fondos depositados en el Banco Itaú, que habían quedado inmovilizados a partir del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
En noviembre de 2018, se requirió información a la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto a la empresa ODT Argentina SA, utilizada como cuenta recaudadora. El Banco Itaú incluyó la firma en una “lista negra” y cerró la relación bancaria, ya que el alerta se definió como de alto riesgo de fraude y posible lavado de activos.
A fines de 2018, ODT Argentina —presidida por Adolfo Amuchástegui— llegó a tener depósitos por más de 18 millones de pesos y dos millones de dólares. El propio Amuchástegui, en su declaración, adujo que el cierre de la cuenta se debió a «los temas de cripto».
En ese momento crítico era necesario llevar el dinero a otros bancos. En paralelo, continuaba la captación de inversores y clientes de la falsa criptomoneda con la promesa de que tomaría estado público en 2019. Ese caudal de fondos debía ser nuevamente canalizado a través del sistema financiero.
La sospecha de la Justicia es que el cerebro de los movimientos bursátiles y financieros de ODT Argentina fue Alfonso, por su expertise y contactos. La centralidad de su rol en el desarrollo de las operaciones financieras habría permitido a la firma seguir recaudando, prescindiendo del Banco Itaú que había reportado inconsistencias de la empresa. Aparentemente Amuchástegui —contador público— y Alfonso se conocían, aunque éste lo negó al declarar en sede judicial.
El primero de ellos habría solicitado al broker asesoramiento, aun sabiendo que había alertas por posible lavado de activos, Alfonso habría sugerido abrir cuentas en los bancos mencionados y a través de S&C Inversiones, la sociedad de bolsa de Aníbal Casas Arregui, sacarlos al exterior, con destino a ODT Panamá. Esta es una de las sospechas que deberá despejar la investigación judicial.
Gracias a los vínculos de Alfonso con gerentes de entidades financieras la operatoria incluyó apertura de cuentas en diferentes bancos, pesificación, cobro y canje de cheques.
Con relación a los gerentes bancarios, la imputación es por encubrimiento: habrían ocultado o retenido documentación y aportado reportes parciales cuando se los requirió la Fiscalía. Por eso ahora quedaron involucrados en la causa. Sin esta colaboración, y luego de un ROS y la intervención de la UIF, habría sido prácticamente imposible que ODT Argentina siguiera operando.
La falsa cripto
La ingeniería financiera descripta a muy grandes rasgos ocurrió mientras One Life, la denominación pública de la empresa, seguía captando clientes con la vana promesa —se sabrá después— de altos rendimientos con la criptomoneda One Coin. Presentaciones en hoteles de categoría y coaching sobre “educación financiera” serían los anzuelos para captar clientes en un esquema piramidal.
En efecto, uno de los datos que salió a la luz recientemente es que la firma MRQZPABAR, de Ariel y Pablo Márquez —detenidos y acusados por miles de estafas inmobiliarias— habían invertido en One Coin más de US$ 1 millón entre octubre 2018 y abril de 2019. ¿Parte de los fondos de las casas que no construyeron fueron a parar a la ilusión de una cripto?
Detrás de todo estaba la búlgara Ruja Ignatova, llamada “la reina de las criptomonedas” a quien se sigue buscando, a pesar de versiones de que habría sido asesinada, y su hermano Konstantin Ignatov Plamenov, quien estuvo un tiempo detenido en Estados Unidos.
En el expediente principal de las estafas de One Coin también se encuentra prófugo José Gordo, un individuo de nacionalidad española y figura central en el esquema Ponzi.
El caso estalló en Córdoba a finales de 2020. Después de cinco años, el 1 de diciembre pasado, en la Cámara 10a del Crimen, se celebró una audiencia donde la mayoría de los acusados por asociación ilícita y estafa reiterada se declaró culpable luego de acordar penas y resarcimientos con la Fiscalía. La condena mayor recayó en Alejandro Taylor, 9 años de prisión; también hubo penas para Manuel Peralta Guevara, 8 años y US$1.000; Ricardo Beretta, 7 años y US$ 14.000; Ariel Morassut, Edgar Moreno y Daniel Cornaglia, 6 años 11 meses de prisión y el pago de $11 millones cada uno, Andrés López, 6 años 6 meses y $1 millón; Nancy Graciela Díaz, 3 años de ejecución condicional y US$ 5 mil, y Aldo Leguizamón, 3 años de ejecución condicional y US$ 12.000.
Solamente quedó pendiente la situación del contador público Adolfo Amuchástegui, ubicado en la pesquisa judicial como uno de los principales referentes de One Coin junto a Taylor. Hasta ahora no hubo acuerdo con la Fiscalía por el monto de pena y resarcimiento que deberá depositar. Lo defiende el abogado Sebastián Becerra Ferrer.
La Cámara 10a del Crimen, presidida por Juan José Rojas Moresi e integrada por Carlos Palacio Laje y Alfredo Villegas, fijó la próxima audiencia para el 22 de diciembre. Mientras tanto, y en una etapa inicial, Gavier avanza sobre la pata financiera. Todos los nuevos acusados ya fueron indagados.
