Por Virginia Giordano*. Javier Milei llegó con ideas disruptivas. Tuvo la visión y la capacidad de convencer a la población de que hay que romper con los consensos equivocados que sostienen malas políticas. Uno de los grandes méritos es que pudo poner en agenda e instalar temas de los que antes no se hablaba porque eran políticamente incorrectos.
En una sociedad que hace más de medio siglo se viene equivocando en materia de políticas públicas es un enorme mérito haber colocado en agenda los temas relevantes. El ‘Pacto de Mayo’ es un decálogo que resume los puntos principales como, por ejemplo, el equilibrio fiscal y el ordenamiento tributario. Uno de los temas que hace tiempo se viene eludiendo y por fin se puso en agenda es la necesidad de modernizar las instituciones laborales.
Una necesidad imperiosa
La reforma laboral en Argentina se viene evitando desde hace décadas. El argumento esgrimido es la “protección de derechos de los trabajadores”. Detrás se filtran una gran cantidad de intereses espurios.
La foto del mercado de trabajo es calamitosa. Más de la mitad de los trabajadores (52%) son informales o cuentapropistas, ocupando empleos de baja productividad y ganando aproximadamente la mitad de lo que perciben los trabajadores formales. Sólo el 31% de la fuerza laboral tiene un empleo privado registrado y el restante 17% son empleos públicos, muchas veces también de baja productividad. Por otro lado, el 22% de las personas en edad de trabajar no busca trabajo. Con esta conformación no sorprende la muy alta incidencia de la pobreza.
Esta es la consecuencia de un persistente deterioro, profundizado en la última década. Desde 2013, el empleo formal en empresas privadas se ha estancado en seis millones. Sólo se genera empleo público (aumentó un 21%) y trabajos informales y cuentapropistas (se incrementaron un 72% en la última década).
La incapacidad de Argentina de generar empleos de calidad está ligada al estancamiento productivo y a los incentivos que generan las instituciones laborales. Entre otros factores, el desaliento a la contratación se deriva de altos costos no salariales, regulaciones impuestas por convenios colectivos sectoriales centralizados y obsoletos y la enorme incertidumbre que rodea la extinción del contrato de trabajo. Regulaciones complejas con un régimen de multas “privatizadas” (es decir, las multas no las cobra el Estado sino los trabajadores y fundamentalmente sus abogados) hacen imposible prever cuánto costará terminar el vínculo laboral. Además de que generan incentivos al conflicto laboral.
Ley Bases: una respuesta parcial
El gobierno intentó avanzar sobre este importante tema incorporando un capítulo laboral en el DNU donde plasmó su primera tanda de transformaciones. Como era de prever los sindicatos reaccionaron inmediatamente apelando a la intervención de la Justicia. Ante el bloqueo que esto provocó, la oposición dialoguista impulsó la estrategia de incorporar las reformas en la nueva versión de la Ley Bases.
Comparado con el DNU se eliminaron los artículos relacionados con la regularización de trabajadores informales y aquellos que permitían a los trabajadores rechazar las retenciones obligatorias de cuotas sindicales. También se retiró el capítulo sobre servicios esenciales, que proponía servicios mínimos del 75% de la prestación normal e incluía nuevos servicios. En estos cambios, seguramente incidió la presión de los sindicatos.
Se mantuvo del proyecto inicial algo sumamente beneficioso, como la derogación de todas las leyes que incrementan las indemnizaciones por despido, retomando así el principio original de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una indemnización de un salario por mes de antigüedad, sin adicionales. En caso de irregularidades en el registro laboral, será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la encargada de aplicar las multas pertinentes de acuerdo al régimen general de sanciones tributarias, y los montos recaudados serán transferidos al ente de seguridad social correspondiente.
Uno de los grandes pendientes, previamente incluido en el DNU y ahora eliminado, es simplificar el inicio de la relación laboral. Se continúa con una registración laboral burocrática, redundante y desfasada en el tiempo al requerir libros físicos para el correcto registro de un trabajador. Lo correcto hubiese sido establecer que el único proceso válido para registrar laboralmente sea el alta temprano de la AFIP.
No estaba incluido en el DNU y tampoco en la nueva redacción de la Ley Bases un tema muy relevante, que es la posibilidad de que las pymes se desliguen de los convenios sectoriales. Esto permitiría que las empresas de menor tamaño negocien directamente con sus trabajadores acuerdos que se ajusten a sus realidades específicas, tanto en remuneraciones como en condiciones laborales.
Ejemplos de este tipo de desenganche de los convenios colectivos existen en países como Alemania o España, donde la extensión de los convenios colectivos a empleadores no afiliados se les permite sólo bajo condiciones específicas. Argentina muestra una rigidez que limita la adaptación de las condiciones laborales a la dinámica del mercado actual. Este problema se manifiesta en la aplicación obligatoria de convenios colectivos, incluso después de su vencimiento.
Lo que queda para el Pacto de Mayo
Después de décadas de conservadurismo y actitudes refractarias que en el Congreso se logre un acuerdo entre oficialismo y oposiciones para avanzar en el sentido de modernizar las instituciones laborales merece ser celebrado. De cara a los enormes costos sociales que genera sostener una legislación burocrática, obsoleta y que ampara intereses espurios es lamentable que el avance sea tan limitado. Esto merece como principales reflexiones que “peor es nada” y que es crucial abordar con seriedad el decálogo de transformaciones que se plantea en el Pacto de Mayo, en particular las referidas a la modernización de la legislación laboral.
*Por Virginia Giordano, Lic. En Economía y economista de Idesa
