El mercado laboral argentino atraviesa una etapa de profunda contracción. Según los datos procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el período comprendido entre la asunción de Javier Milei y enero de 2026 dejó un saldo negativo alarmante: la desaparición de más de 24.000 empresas y la destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo registrados.
El estudio, que abarca los primeros 26 meses de gestión, pone de relieve que la dinámica de ajuste no solo afectó a las grandes estructuras corporativas, sino que golpeó con fuerza al entramado de pequeñas y medianas empresas.
El tejido empresarial, bajo mínimos
La caída en la cantidad de empleadores es uno de los datos más críticos del informe. En poco más de dos años, el país pasó de tener 512.357 empresas a 488.177. Esto significa que cerraron, en promedio, 30,5 empresas por día.
El sector de Transporte y Almacenamiento lidera el ranking de los más afectados, con una pérdida de 5.899 empleadores, una contracción del 14,9% en términos relativos. Le siguen el comercio, los servicios inmobiliarios, la industria manufacturera y la construcción.
La caída del empleo, una tendencia sostenida
En cuanto a la fuerza laboral, el impacto ha sido contundente. La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó un 3%, totalizando 290.123 puestos de trabajo perdidos. Si a esta cifra se le suman los trabajadores de casas particulares, la sangría asciende a 317.179 empleos en 26 meses, lo que arroja un promedio de 400 trabajadores registrados menos cada día.
Los sectores que encabezan la pérdida de personal en términos absolutos son la Administración Pública (86.108 empleos menos) y la Construcción (85.054). Precisamente, este último sector es el que muestra la caída más pronunciada en términos porcentuales, con un desplome del 17,8%.
El informe del CEPA advierte que este fenómeno se explica por múltiples factores: la eliminación de subsidios, la retracción en la inversión y la flexibilización laboral. Asimismo, los especialistas señalan que detrás de estas cifras se esconde un proceso de «precarización», donde muchos trabajadores que salen del empleo registrado terminan volcándose hacia el mercado informal para intentar compensar la pérdida de ingresos.
El impacto según el tamaño de la empresa
El análisis arroja una distinción clave al observar el tamaño de las firmas:
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Pymes y pequeñas empresas (hasta 500 trabajadores): Representan el 99,7% del total de las empresas que cerraron sus puertas. Sufrieron la mayor mortalidad empresarial, siendo el eslabón más vulnerable ante el cambio de paradigma económico.
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Grandes empresas (más de 500 trabajadores): Aunque solo representan una fracción mínima de los cierres (0,26%), concentran la mayor cantidad de trabajadores despedidos. El 64,4% de la pérdida total de empleo registrado (186.771 puestos) se produjo en firmas de gran porte.
El termómetro de la crisis
El informe hace un apartado especial sobre el servicio doméstico. Con una pérdida de 27.056 puestos registrados, el empleo en casas particulares se consolida como un «termómetro» social: su caída es directa consecuencia de que las familias, ante la erosión de sus ingresos, dejan de pagar por servicios de cuidado o limpieza, o bien, los pasan a la informalidad.
El balance de los primeros 26 meses de gestión marca un claro retroceso en los indicadores de formalidad laboral, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo de ajuste y la capacidad del sector privado para absorber la masa de trabajadores que, mes a mes, queda fuera del sistema registrado.
