A la luz de la baja que están experimentando los precios desde Idesa se propusieron analizar la evolución de la relación precios-salarios para mirar de cerca cuánto hubo de recuperación de los ingresos reales.
En esa línea, el instituto social indica que, según la Secretaría de Trabajo y el INDEC:
- El salario real formal actualmente es un 5% más alto que en diciembre del 2023 pero 20% inferior al promedio 2017.
- El salario real informal es un 10% más alto que en diciembre del 2023 pero se estima que es un 56% inferior al promedio 2017.
- Las jubilaciones reales nacionales son un 9% más altas que en diciembre del 2023 pero 44% más bajas que en el promedio 2017.
Para Idesa, estos datos muestran que en lo que va del gobierno los principales ingresos de la población –que son los salarios y las jubilaciones– mejoraron respecto al mes de asunción. Sin embargo, están muy lejos todavía del nivel que tenían en el 2017, que es el inmediato anterior a la crisis cambiaria e inflacionaria que se gatilló en el 2018 y que se estira hasta el presente. En otras palabras, los ingresos de las familias están mejorando, pero la brecha respecto al poder adquisitivo histórico sigue siendo muy grande.
Lo mismo ocurre con la producción y el empleo. La actividad económica muestra atisbos de recuperación respecto a la fuerte caída de la primera mitad del año, pero todavía es insuficiente para traccionar al empleo formal. Por esta razón, el empleo asalariado registrado en empresas privadas sigue estancado y, como viene ocurriendo desde hace más de una década, el único empleo que sube es el Monotributo y la informalidad.
Urge salir del dilema entre los objetivos de seguir bajando la inflación y el de impulsar más rápido la recuperación de la producción. La manera de compatibilizar ambos objetivos es acelerando las reformas estructurales. El punto de partida es reconocer la creciente desconfiguración del régimen federal que ha llevado a que se acumulen solapamientos de gastos (la misma función del Estado está a cargo de los tres niveles de gobierno) y de impuestos (los contribuyentes deben pagar varios impuestos de los tres niveles de gobierno por el mismo hecho imponible). Esto, agravado por la perpetuación de un régimen de coparticipación de impuestos arbitrario que incentiva el parasitismo de las provincias. La deformación del federalismo es lo que genera los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el sector público argentino.
«Es impostergable implementar el Acta de Mayo. Para esto hay que consensuar entre la Nación y una mayoría de provincias (no necesariamente todas) un conjunto de reglas explícitas que establezcan de manera clara y precisa los roles y las responsabilidades de cada nivel de gobierno –evitando los solapamientos de funciones–, unificar impuestos y sustituir la coparticipación por un esquema de distribución de competencias tributarias entre niveles de gobierno. Pasar de la etapa del ajuste a la del ordenamiento del Estado es la manera de generar un clima mucho más propicio para la producción. Especialmente porque las provincias estarán incentivadas a atraer inversiones y hacer prosperar a su población», remarcan desde Idesa.
