La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de SanCor luego de que la propia cooperativa solicitara ese procedimiento ante la imposibilidad de revertir su crisis financiera. La decisión judicial se conoció una semana después de la presentación formal de la firma, que acumulaba deudas por más de 120 millones de dólares y varios meses de salarios impagos.
El fallo quedó a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, quien ya había advertido meses atrás sobre un deterioro estructural en la administración de la empresa. La falta de información contable consolidada, los incumplimientos reiterados y la escalada del conflicto laboral terminaron de configurar un escenario que, dentro del expediente, fue considerado inviable en el mediano plazo.
Fundada en 1938 en la ciudad de Sunchales, SanCor fue durante décadas una de las principales referencias del sector lácteo argentino. En los años noventa llegó a procesar más de 4,6 millones de litros de leche por día, con una estructura cooperativa que integraba a cientos de productores y una presencia consolidada tanto en el mercado interno como en el exterior.
De liderazgo a retroceso
Con el paso del tiempo, esa capacidad comenzó a reducirse de forma sostenida. Para 2009, el volumen diario ya había caído a cerca de 3 millones de litros, mientras que en la etapa previa a la quiebra la empresa procesaba apenas unos 700.000 litros entre producción propia y acuerdos con terceros.
La retracción también modificó el funcionamiento industrial de sus plantas en Córdoba y Santa Fe, donde la operatoria pasó a sostenerse con esquemas parciales de fasón y tercerización. Ese cambio reflejó no solo una baja productiva, sino también una pérdida gradual del lugar que la cooperativa había ocupado dentro del mercado lácteo.
El deterioro respondió a una combinación de factores que incluyó problemas financieros persistentes, decisiones empresariales fallidas, conflictos gremiales y un contexto macroeconómico que profundizó las dificultades para sostener la estructura operativa.
Un proceso de larga duración
Entre los antecedentes que agravaron la situación apareció también la deuda vinculada a exportaciones realizadas hacia Venezuela en el marco de acuerdos bilaterales impulsados años atrás. Parte de esos envíos nunca fue cancelada y todavía quedarían montos pendientes con escasas posibilidades de recuperación.
Aun cuando la crisis se profundizó en los últimos años, la declaración judicial terminó por formalizar un proceso de deterioro que venía arrastrándose desde hace más de una década. La quiebra marca así un nuevo capítulo para una firma que durante años fue uno de los símbolos de la industria alimentaria argentina.
La resolución habilitó ahora una nueva etapa orientada a preservar activos y evaluar la continuidad parcial de algunas unidades productivas mientras avanza el proceso judicial correspondiente.
La mirada del gremio
Tras la declaración de quiebra, desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) señalaron que el desenlace era un escenario que venían advirtiendo desde hacía tiempo. Su secretario general, Héctor Ponce, sostuvo mediante un comunicado que la crisis no fue sorpresiva y apuntó directamente a la conducción de la cooperativa en los últimos años.
“Nosotros desde Atilra hace rato que venimos alertando acerca de que Sancor no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el estado de situación en el que se encontraba”, expresó. En esa línea, remarcó que el sindicato cuenta con experiencia dentro del sector y afirmó: “No somos improvisados, tenemos la capacidad suficiente para saber cómo se debe gestionar una empresa láctea”.
El rol del gremio y los trabajadores
Ponce también rechazó las acusaciones que en distintos momentos buscaron vincular al gremio con el deterioro de la empresa. Según indicó, el propio fallo judicial deja en claro que la organización sindical no tuvo responsabilidad en el quebranto, al tiempo que recordó que la Justicia imputó a exdirectivos por el presunto desvío de fondos destinados a la seguridad social.
Dentro de ese planteo, el dirigente puso el foco en el rol que cumplieron los trabajadores durante los meses más críticos de la cooperativa. Según sostuvo, la continuidad operativa de la empresa fue posible por la decisión de muchos empleados de seguir cumpliendo funciones pese al atraso salarial.
“Lo único que han hecho los trabajadores ha sido colaborar como nadie”, afirmó, al recordar que la firma acumulaba deudas por salarios, aportes previsionales y contribuciones retenidas.
A pesar del escenario, desde el sindicato plantearon que la quiebra podría abrir una nueva instancia para preservar parte de la actividad. “Hace un tiempo venimos teniendo charlas con entidades del sector para tener alternativas de continuidad”, señaló Ponce, quien definió este momento como “el comienzo de una nueva etapa”.
