Tras el anuncio de baja de retenciones para buena parte del complejo agrícola y para la carne vacuna desde el Iaraf se propusieron analizar el costo fiscal real que tendría la medida.
Así, se remarca que esta baja permanente incide en la rentabilidad esperada de la próxima cosecha, lo que, dado el resto de variables constantes, implica una mayor rentabilidad o menor pérdida, en el caso de las explotaciones que puedan tenerla.
Y sostienen que es factible que tanto la siembra como la producción aumenten, y de esa manera el saldo exportable. «Como la exportación es la base imponible de los derechos de exportación, el costo fiscal de la medida depende de la magnitud en que aumente la producción. Si llega a aumentar la base imponible alrededor de una quinta parte, el costo fiscal tiende a ser nulo. Obviamente, este análisis considera que, sin baja de derechos, la producción seguiría siendo la misma», marcan.
Para el Iaraf, el costo fiscal concreto está en la base imponible que surge de la liquidación de los stocks actuales, que en lugar de liquidarse a las alícuotas vigentes, se liquidarían a alícuotas menores. En este aspecto debe tenerse en cuenta que la baja de derechos de exportación aumenta el precio de los productos, lo que a priori significa una baja de pérdidas o una suba de ganancias, derivando en una posible mayor recaudación del impuesto a las ganancias y de otros impuestos provinciales que gravan la facturación.
«También debe considerarse el posible efecto de la suba de precios internos sobre el consumo doméstico, básicamente por los cambios en los bienes más consumidos. Dado el objetivo del gobierno, de sostener el superávit fiscal, es esencial que aumente la producción y el saldo exportable el año que viene, para minimizar el efecto negativo posible sobre la recaudación», dice Nadin Argañaraz, a cargo del estudio.
Y remarcan que otro aspecto importante de la baja de los derechos de exportación a la soja se relaciona con el efecto ingreso que tiene sobre los agentes económicos de las principales provincias productoras. Esto deriva en un menor aporte de recursos por parte de estas provincias y, consecuentemente, en un menor residuo fiscal positivo de las mismas. Obviamente, esto significa un cambio en la estructura actual del federalismo fiscal argentino.
