A partir de este jueves 15 de enero, el Gobierno nacional eliminará por completo los aranceles a la importación de teléfonos celulares. La decisión forma parte de una política orientada a estimular la competencia en el mercado de bienes tecnológicos y provocar una reducción en los precios al consumidor, que desde el Ejecutivo estiman en torno al 30%, aunque sin impacto inmediato.
La medida había quedado formalizada en el decreto 333/25, publicado en mayo de 2025, cuando el Ejecutivo inició un esquema gradual de reducción arancelaria para estos dispositivos. En aquel momento, la tasa aduanera bajó del 16% al 8%, porcentaje que desde el 15 de enero quedará reducido a 0%.
Cambios impositivos y alcance de la medida
La eliminación del arancel a los celulares importados se inscribe en un paquete más amplio de modificaciones impositivas anunciadas en mayo del año pasado. En esa oportunidad, el Gobierno también dispuso la eliminación de los impuestos internos para los celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que pasaron de tributar un 9% a quedar exentos.
En paralelo, se redujeron los impuestos internos a productos electrónicos importados —como televisores y consolas de videojuegos— del 19% al 9,5%, con el objetivo de equiparar condiciones y ampliar la oferta disponible en el mercado local.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión al señalar que estos cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes alcanzados por la medida, reducirán los precios de mercado y facilitarán, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.
Expectativa de baja de precios, pero sin efecto inmediato
Con la entrada en vigencia del arancel cero, los teléfonos celulares importados dejarán de tributar impuestos aduaneros, lo que —según la visión oficial— debería traducirse en una baja progresiva de los precios finales.
Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo central es alentar la competencia y generar un descenso de alrededor del 30% en los valores al consumidor, aunque aclararon que la reducción no será automática y dependerá de factores como el stock existente, la dinámica comercial y la evolución del tipo de cambio.
Preocupación en Tierra del Fuego y advertencias del gremio
La decisión generó una fuerte reacción en la industria electrónica fueguina y en los sindicatos del sector. Desde la seccional Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron sobre el impacto que podría tener la quita total de aranceles sobre la producción local.
“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, señaló el secretario adjunto del gremio, Marcos Linares.
El antecedente inmediato es el paro por tiempo indeterminado que el sindicato lanzó el año pasado, cuando se frenó la producción de productos electrónicos en las fábricas de Río Grande. En aquel momento, desde la UOM habían advertido que las decisiones del Ejecutivo “afectan gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.
Linares subrayó además la relevancia del régimen industrial fueguino para la economía local: “El régimen industrial representa el 78% de la economía de la provincia”, afirmó. La industria electrónica genera actualmente unos 8.500 puestos de trabajo en la isla.
Un régimen histórico en debate
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego fue creado en 1972 y, según lo establece la ley, “exime del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en la provincia”.
Con la eliminación de los aranceles a los celulares importados, el debate vuelve a centrarse en el equilibrio entre la competitividad de precios, el acceso a la tecnología y la protección del entramado productivo local, en un contexto de redefinición de la política industrial y comercial del país.
