En medio de un clima económico que combina desaceleración, expectativas inciertas y tensiones dentro del oficialismo, el economista Gastón Utrera analizó la estrategia macroeconómica del Gobierno y las transformaciones estructurales que, a su juicio, definirán la sostenibilidad del programa en el mediano plazo.
Su mirada integra la política cambiaria, la gestión de la deuda, la dinámica geopolítica y la agenda de reformas laboral y tributaria, pero concluye en un punto central: la estabilización definitiva no se resolverá en el plano técnico, sino en el político.
La estrategia macroeconómica comandada por el ministro Luis Caputo descansa, según Utrera, en tres vectores principales: un esquema cambiario que no prevé saltos bruscos, una gestión de deuda orientada a recuperar el financiamiento voluntario y un alineamiento geopolítico con Estados Unidos que funciona como plataforma de apoyo político y financiero.
El crawling peg del 1%: anclar inflación sin devaluar
El Gobierno sostiene que no existe un atraso cambiario relevante y que, por lo tanto, no hay motivo para aplicar una devaluación correctiva. Por el contrario, ratifica el esquema de crawling peg del 1% mensual, que opera como ancla inflacionaria.
En un nuevo Desayuno de Coyuntura organizado por Punto a Punto, en el edificio corporativo de Grupo Edisur y acompañado por Silmag, Pueblo Nativo, Eguia, Kolektor, Hospital Privado y Copa Airlines, Utrera subraya que, manteniendo una inflación promedio del 2% mensual, el tipo de cambio real convergería hacia niveles similares a los de mediados de este año o a los del inicio del gobierno de Macri en 2016, “un punto razonable de equilibrio”.
Reservas y deuda: por qué el foco está en el riesgo país
A diferencia de los manuales tradicionales, el Gobierno no prioriza la acumulación inmediata de reservas. La apuesta es otra: bajar el riesgo país por debajo de los 500 puntos para que los vencimientos de deuda puedan refinanciarse en el mercado.
El planteo es simple: cuando un país “funciona normalmente”, renueva su deuda sin necesidad de recurrir a reservas escasas. Esa ventana solo se abrirá si los bonos argentinos cotizan mejor, para lo cual la consolidación del programa económico es una condición necesaria.
A este esquema se suma el apoyo externo. El swap con Estados Unidos y la posibilidad de un acuerdo con bancos internacionales para la recompra de deuda fortalecen la credibilidad del plan.
Crecimiento con números modestos
Las proyecciones de crecimiento, sin embargo, muestran una tensión entre el optimismo oficial y la aritmética económica. Mientras el Gobierno proyecta un avance del PBI de entre 5% y 6% para el próximo año, Utrera advierte que, incluso si la caída de la actividad se detuviera hacia fin de año y el crecimiento retomara el ritmo previo de 1,5% anualizado, el resultado sería bastante más moderado: poco más de 3% en 2025 y alrededor de 4,3% en 2026.
Para alcanzar la meta oficial, sostiene, la economía debería estar creciendo ya a un ritmo equivalente al 10,5% anualizado, un escenario que considera inverosímil en la coyuntura actual. Aun así, anticipa que la actividad comenzará a recuperarse a medida que se disipen las incertidumbres preelectorales y continúe la tendencia a la baja en las tasas de interés.
Geopolítica: una oportunidad que excede lo económico
El reciente acercamiento entre Argentina y Estados Unidos tiene, según Utrera, un trasfondo geopolítico claro: Washington busca contener la influencia creciente de China en la región. Ese factor habilita acuerdos, financiamiento y un clima político favorable a la estabilidad.
El impacto económico será gradual y dependerá del diseño e implementación de cada capítulo del acuerdo. Pero la señal a los mercados ya opera como “una válvula de confianza”.
Las reformas urgentes
Reforma laboral: eficiencia sin conflicto
El corazón de la agenda laboral debe ser, según Utrera, bajar los costos productivos sin erosionar salarios ni derechos adquiridos. El desafío político es grande: evitar un choque frontal con el sindicalismo que termine bloqueando cualquier avance.
Entre los puntos de modificación destaca:
- Artículo 12 (LCT): ajustar criterios que habilitan demandas por incapacidad al momento de la jubilación.
- Artículo 103: evitar que los incentivos por productividad se incorporen al salario básico por “habitualidad”.
- Artículo 66: definir qué cambios operativos puede introducir una empresa en un contexto de innovación sin exponerse a juicios.
- Delegados gremiales: actualizar la proporción, hoy heredada de una era sin comunicaciones instantáneas.
- Vacaciones: permitir la reprogramación de días interrumpidos por enfermedad en función de las necesidades productivas.
La clave, sostiene Utrera, es separar la reforma laboral —urgente y funcional a la competitividad— de la reforma sindical, políticamente inviable en un Congreso sin mayorías.
Reforma tributaria: menos impuestos malos, más eficiencia
La reforma fiscal que propone Utrera no es una motosierra, sino una cirugía fina. A los objetivos del Gobierno —reducir gasto y eliminar impuestos de baja recaudación— se suman correcciones que apuntan a eliminar distorsiones que se filtran en los costos empresariales.
Entre las propuestas:
- Reemplazar Ingresos Brutos por un IVA ampliado y neutral.
- Eliminar saldos técnicos de IVA permanentes en sectores como maquinaria agrícola.
- Reformar anticipos de Ganancias, que hoy castigan a Pymes sin utilidades.
- Revisar la Tasa OIM en la factura eléctrica, para evitar subsidios cruzados que distorsionan la competitividad.
- Calcular amortizaciones sobre valores de reposición y no históricos, evitando que las empresas paguen Ganancias sobre utilidades nominales.
Para el Gobierno —y para Utrera— la estabilidad económica permanente depende de un factor que excede los números: que las elecciones dejen de ser percibidas como una amenaza de cambio radical de rumbo.
Caputo, señala Utrera, busca un escenario donde la oposición que dispute el poder comparta los lineamientos macroeconómicos básicos. Un consenso mínimo que permita que el cambio de gobierno no implique volver a foja cero.
Si bien no está en la agenda inmediata del Gobierno, Utrera considera imprescindible una reforma del sistema financiero orientada a facilitar el crédito productivo y recuperar el negocio bancario tradicional.
Propone revisar resoluciones del Banco Central y la CNV que dificultan el acceso al crédito, y avanzar en mecanismos de fondeo para hipotecas —como cédulas hipotecarias o fondos de cese laboral— en un contexto de tasas en descenso.
