La reforma laboral impulsada por el Gobierno incorpora un amplio paquete de cambios económicos e impositivos que, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), implica una transferencia de recursos “de magnitud histórica” desde los trabajadores hacia el capital, con efectos directos sobre el sistema previsional, la recaudación tributaria y los derechos laborales.
El estudio, advierte que el conjunto de medidas incluidas en el proyecto representa un costo fiscal cercano a US$ 9.900 millones anuales, equivalente a 1,5% del PBI, producto de la reducción de contribuciones patronales, rebajas impositivas y nuevos esquemas de financiamiento de las indemnizaciones.
Uno de los ejes centrales del análisis es la reducción generalizada de las contribuciones patronales, que alcanza tanto a grandes empresas de servicios y comercio como al resto del sector privado. Según CEPA, esta modificación implica un costo fiscal estimado en US$ 2.070 millones anuales, a lo que se suma la rebaja de un punto porcentual en el aporte patronal a las obras sociales sindicales. “Esta rebaja implica una transferencia directa del trabajo al capital equivalente a US$ 679 millones por año”, señala el informe.
El documento también pone el foco en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que permitirá financiar total o parcialmente indemnizaciones por despido mediante un aporte del 3% de la masa salarial. Para CEPA, este mecanismo “abarata la desvinculación laboral y desfinancia el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”, al compensarse con recursos que hoy se destinan a jubilaciones, PAMI y asignaciones familiares. “El resultado es un doble efecto: se reducen los costos de despido y se erosiona deliberadamente la recaudación previsional”, advierte el informe.
En materia impositiva, la reforma laboral incorpora una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que pasa del 35% al 31,5% para grandes empresas y del 30% al 27% para pequeñas. CEPA estima que esta medida tendrá un costo fiscal anual de US$ 2.279 millones, con impacto directo en la coparticipación federal: las provincias perderían en promedio 2,7% de los recursos provenientes de este tributo.
El informe también cuestiona la eliminación de determinados Impuestos Internos, entre ellos los que gravaban vehículos de alta gama, aeronaves y embarcaciones, lo que beneficia a sectores de mayor poder adquisitivo y genera un costo fiscal adicional de US$ 330 millones. A esto se suma el desfinanciamiento de áreas como el INCAA y la eliminación de gravámenes sobre servicios de comunicación audiovisual y telefonía.
Desde el punto de vista laboral, CEPA advierte que la reforma consolida una pérdida de derechos, al excluir explícitamente a los trabajadores de plataformas, habilitar el encubrimiento laboral vía monotributo y tercerización, y limitar el derecho de huelga al ampliar de manera significativa la nómina de actividades consideradas esenciales o trascendentales. Según el informe, estas categorías abarcan al 55% del total de los trabajadores, lo que restringe de forma sustantiva la capacidad de acción sindical.
En perspectiva histórica, el documento traza paralelismos entre la actual iniciativa y las reformas laborales de los años noventa y del gobierno de Mauricio Macri. “Las mismas herramientas —reducción de contribuciones, blanqueos laborales y debilitamiento de la negociación colectiva— no lograron aumentar el empleo ni la cantidad de empleadores en el pasado”, subraya CEPA, que recuerda que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron más de 19.000 empresas con empleo registrado.
Finalmente, el informe vincula la reforma laboral con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional, que promueve una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, cambios en el sistema previsional y una reducción del gasto tributario. Frente a este escenario, CEPA propone una agenda alternativa basada en paritarias libres, actualización del salario mínimo, regulación de las plataformas digitales y una reducción progresiva de la jornada laboral.
“La reforma no apunta a crear empleo ni a mejorar la productividad, sino a redistribuir ingresos en favor del capital”, concluye el documento, que alerta sobre el impacto social y fiscal de un cambio estructural en el mundo del trabajo argentino.
