Las medidas de “alivio fiscal” recientemente anunciadas apuntan a aumentar transitoriamente el ingreso disponible de diferentes grupos de personas, a través de un fuerte aumento del mínimo no imponible de ganancias y de la introducción de nuevas devoluciones del IVA. Esta política tiene un efecto negativo sobre el déficit fiscal, ya que reduce los ingresos públicos sin una contrapartida en menores gastos. Como estos ingresos tributarios se comparten entre la nación y las provincias, estas últimas terminan financiando una parte relevante (nada menos que el 58%) de las medidas, aun cuando no habrían tenido participación en la decisión acerca de las mismas.
El gobierno nacional anunció la semana pasada dos medidas con fuerte impacto negativo en el déficit fiscal: la suba del mínimo no imponible de ganancias y la devolución del IVA para el consumo de bienes esenciales. Las mismas regirían sólo para lo que queda del año, pero el gobierno anunció que enviaría al Congreso un proyecto para que la suba del mínimo no imponible de ganancias se extienda al 2024. Estas medidas buscan, con un claro objetivo electoral, mejorar rápidamente el poder adquisitivo de sectores importantes de la población al reducir la carga impositiva que enfrentan.
Sin embargo, en un contexto de alta inflación, las mismas muestran una gran imprudencia e irresponsabilidad ya que al profundizar el déficit fiscal aumentan el riesgo de descontrol inflacionario. Asimismo, las medidas generarán mayor inflación en los próximos meses con lo cual el alivio que proveen será efímero.
Un elemento clave de las medidas es que el nivel de gobierno que las decide y anuncia (Nación) no es el único que afronta los costos fiscales asociados a la menor recaudación neta que generarán. Esto es así porque en este caso se afectan los ingresos de los dos principales impuestos de la estructura de recaudación a nivel país, que a su vez fondean la mayor parte de la masa coparticipable automáticamente con las provincias.
De acuerdo con el análisis de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el caso de Ganancias, $60 de cada $100 recaudados terminan en la esfera provincial a través de la Ley de Coparticipación y modificatorias, mientras que IVA tiene asociado un reparto legal tal que llega a las provincias $54 de cada $100 que se paga del tributo por operaciones económicas en todo el territorio argentino. Estas mismas cifras deben considerarse cuando se tienen en cuenta cuántos pesos no se recaudarán como consecuencia de las medidas en marcha.
Por el momento, la duración prevista para las medidas es lo que queda del año 2023, y está atada a la suerte electoral del candidato del oficialismo, quien se desempeña de manera paralela como ministro de Economía. Se estima que el costo fiscal de la elevación del piso de ganancias es de $1 billón (un millón de millones de pesos), mientras que el techo de las devoluciones de IVA, teniendo en cuenta el monto tope de $18.800 por persona que lo reciba y el universo potencial de 9 millones de personas, se acercaría a los $500 mil millones. Es decir que ambas medidas tienen un impacto negativo directo sobre la recaudación equivalente al 1% del PIB.
Para dimensionar las medidas, puede tenerse en cuenta que la anualización de las mismas, es decir lo que ocurriría si formaran parte de una política tributaria permanente, implicaría una menor recaudación de Ganancias por unos $3 billones, y un monto de devolución de IVA que haría caer la recaudación neta del tributo en $1,25 billones. Estos valores anuales, sumados, equivalen a un 2,8% del PIB.
Relevancia de las medidas por nivel de gobierno “aportante” Teniendo en cuenta sólo la menor recaudación directa que se obtendrá de IVA y Ganancias en los plazos en los que regirían efectivamente los “alivios” según los anuncios, se puede poner en perspectiva el efecto de las mismas sobre los diferentes niveles de los fiscos que afectan.
Para ello, se tiene en cuenta el reparto legal y automático contenido en la Ley de Coparticipación (23.548 y modificatorias y complementarias).
Los resultados se muestran en el Gráfico 1, donde se aprecia que las provincias y CABA corren con el costo del 58% de las medidas a través de una menor coparticipación, mientras que el 42% restante es aportado por menor recaudación para el nivel nacional (de hecho, el Tesoro Nacional aporta el 36% y ANSES completa con el 6% restante a través de menores ingresos tributarios).
La Gráfico 1 dimensiona el efecto relativo de los $866 mil millones menos de recursos para las provincias en lo que queda de 2023, comparándolos con los montos de recaudación propia y gasto primario esperado este año en cada jurisdicción.
La distinta estructura de recaudación y autonomía provincial se refleja en el hecho de que el menor monto ingresado por coparticipación equivale al 2% de la recaudación propia de CABA, al 11% de la de Córdoba, pero en el caso de jurisdicciones con baja recaudación relativa como Formosa, por ejemplo, implican un monto que representa el 76% de la recaudación anual.
En promedio las provincias resignarán financiamiento del 2,8% de sus gastos primarios, con una heterogeneidad que marca que la más afectada en este indicador es Jujuy, que verá desfinanciarse un 5,5% de su gasto, mientras que Neuquén, por ejemplo, perdería montos equivalentes al 1,3% de su gasto primario, fruto de las recientes medidas puestas en marcha de cara al proceso eleccionario.
