Directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa se reunieron con integrantes del gobierno de Javier Milei en medio de la crisis económica, la caída del consumo y la suba de costos de producción, como pueden ser las tarifas energéticas, que golpean, principalmente, al sector PyME.
Este miércoles, el presidente de la entidad, Alfredo González, junto con su Secretario General, Ricardo Diab, y el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios, Vicente Lourenzo, mantuvieron un encuentro con el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo.
Durante la reunión en la sede de la cartera, ubicada a pasos de la Casa Rosada, la comitiva de la CAME presentó un documento con las principales problemáticas que afectan a la economía real de todos los sectores de la producción pyme, así como sugerencias para, en su visión, afrontarlas.
Ante el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Marcos Ayerra, y el jefe de Gabinete del Ministerio, Miguel Schmukler, González planteó: “Las pymes buscamos alivio de la carga tributaria y de los costos laborales no salariales, acceso al mercado de cambios, un apuntalamiento del mercado interno, transparencia en las comisiones de las tarjetas de crédito y débito y un nuevo acuerdo fiscal”.
Por su parte, Ayerra resaltó que en los próximos días el Gobierno Nacional anunciará acciones en el sentido de lo propuesto por la Cámara. “Además, habrá novedades de índole financiero dirigidas específicamente a las pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina”, agregó.
Las medidas para el sostenimiento de la actividad PyME presentadas por CAME
El documento de cuatro páginas entregado por las autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa a los funcionarios del Ministerio de Economía resalta de cuatro puntos, con sus respectivos ítems.
En primera instancia, se planteó un «alivio de la carga tributaria y de los costos laborales no salariales y acceso al mercado de cambios», con medidas que incluyen la ampliación y extensión del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de contribuciones patronales, la modificación del régimen de exclusión del régimen de retención, percepción y/o de pagos a cuenta de IVA, así como la exención del componente impositivo de las tarifas de servicios públicos, a los efectos de morigerar el impacto en los costos de la suba de tarifas.
A su vez, se propuso presentar un proyecto de ley con el objetivo de actualizar los mínimos no imponibles (MNI) para el pago de contribuciones laborales, tomando en cuenta la evolución del índice de salarios del sector privado registrado elaborado por el INDEC, con un costo fiscal estimado de manera preliminar de entre el 0,6% y el 0,8% del PBI.
Sobre el mismo tópico, se trató la posibilidad de hacer efectiva una cuenta única tributaria para MiPyMEs, simplificando los costos económicos y administrativos, así como los procesos burocráticos ante la AFIP. Además, se sugirió modificar el acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones, permitiendo a MiPyMEs acceder en dos etapas: un 50% al momento de su registro de ingreso aduanero y el 50% restante a los 30 días corridos del mismo.
También se planteó la necesidad de «apuntalar el consumo interno», y en este sentido se propuso la creación del Programa Compre en PYMES, con el que se buscaría beneficiar a un universo de consumidores, pensado sobre todo en beneficiarios de programas sociales, jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis haberes mínimos, monotributistas y asalariados que perciban hasta seis SMVyM (Salario Mínimo, Vital y Movil), con la devolución del IVA correspondiente a la compra de bienes con medios de pago electrónico en comercios calificados como MiPyME.
El mismo tendría, tal y como se describió en un comunicado oficial, un tope mensual de devoluciones ajustable por inflación equivalentes al valor del IVA contenido en la Canasta Básica Alimentaria informada por el INDEC y supondría un costo fiscal del 1%.
Por su parte, hicieron énfasis en la necesidad, a fines de complementar la vigente Cuota Simple, de implementar una línea de crédito que permita a las MiPyMEs ofrecer a sus clientes condiciones de financiación que complementen a las previstas en el programa de incentivo al consumo.
Los dos últimos puntos de la presentación tienen que ver con la «transparencia en las comisiones», que hoy está obligado a afrontar el comerciante para el cobro de sus ventas, y la urgencia de un «nuevo acuerdo fiscal» que tienda a reducir o eliminar los regímenes de retención y percepción del Impuesto a los ingresos brutos que genera saldos a favor de imposible recupero para las pequeñas y medianas empresas.
