Por Eduardo Bocco. Con lenguaje duro y adjetivos tribuneros, Luis Juez avanzó sobre el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Ciertamente con palabras más pulcras y pelando su prosapia de niño bien de tradición radical, Rodrigo de Loredo también denostó al funcionario que desató el nuevo escándalo en la Policía. A pesar de los estilos diferenciados, los dos opositores le pidieron la renuncia a Quinteros, el juicio político y si hubieran podido lo condenaban al destierro.
Como era de esperar, el gobernador Martín Llaryora no perdió un segundo en escuchar este reclamo y, sin decir una palabra, lo ratificó en el cargo. El sentido común de los dos indicaba que avanzar sobre el atribulado Quinteros era políticamente rentable, pero ninguno se detuvo en lo que seguramente tienen claro: hay que modificar el sistema de designación de funcionarios policiales.
Deben revisarse con detenimiento los mecanismos para designar jueces y fiscales provinciales, por ejemplo. A los postulantes que resultan elegidos magistrados se les recortan las alas. Esto no es una capiti diminutio, sino que se le aplican normas obvias. Ejemplo: se les cancela su matrícula de abogados, por lo cual les está prohibido ejercer cualquier actividad profesional vinculada con esa actividad. En realidad, no pueden emprender ninguna otra actividad salvo la docencia. Y está perfecto.
Con la policía pasa exactamente lo contrario. Si un efectivo consigue su título de abogado, el Estado provincial considera que se ha convertido en un buen cuadro y lo suele premiar con ascensos. Pero no tiene ningún problema en que siga atendiendo su bufette, lo cual lo pone a tiro de cualquier tipo de tráfico de influencias.
¿Se imaginan si un juez atendiera un estudio jurídico? Menudo escándalo se desataría porque se trataría de una irracionalidad. Entonces, básicamente, deben cambiarse algunas cosas para guardar las formas y evitar los deslices. Un policía es policía las 24 horas los siete días a la semana, y esto no quiere decir que se proteja el trabajo sin descanso. En ocasiones, el deber llama y ahí hay que estar.
Hay algunas propuestas que dicen que los altos jefes policiales deben ser elegidos a propuesta del gobernador, con acuerdo de la Legislatura Unicameral de la provincia, lo cual aparece como una idea razonable, por más que el oficialismo tenga hoy la mayoría con parlamentarios no peronista que se asociaron a la bancada mayoritaria.
No se puede andar zamarreando porque sí a un funcionario sospechado de cometer delitos, porque eso alienta la sospecha que para el denunciante es más importante la campaña electoral (como la que está comenzando en Córdoba) que adecentar el sistema.
Entonces, uno se permite, una vez más, pensar mal y asegurar que nadie se rasca para afuera… y termina sacudiendo la cabeza y murmurando que los altruistas son una especie en extinción.
