La recientemente reglamentada Ley de Inocencia Fiscal marca un punto de inflexión en el sistema tributario argentino. En el marco de la transición de la AFIP a la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la norma introduce un cambio de paradigma: abandonar la lógica de fiscalización punitiva generalizada para concentrar los recursos del Estado en los grandes contribuyentes, mientras se otorga mayor previsibilidad a las personas humanas de menor escala económica.
Así lo explicó el tributarista Nicolás Boglione, quien destacó que el nuevo esquema “parte de la presunción de inocencia fiscal para la mayoría de los contribuyentes”, con el objetivo de reducir la presión administrativa y judicial sobre quienes no representan un riesgo significativo para la recaudación. Según detalló, el foco estará puesto en unos 7.000 CUITs que concentran cerca del 90% de los ingresos fiscales del país.
Ganancias simplificado, la herramienta central
El corazón operativo de la ley es el Régimen de Ganancia Simplificado, que comenzará a aplicarse plenamente en los períodos fiscales 2025 y 2026. Está dirigido exclusivamente a personas humanas con ingresos anuales inferiores a los $1.000 millones, tanto monotributistas como responsables inscriptos, y deja expresamente afuera a sociedades y empresas.
En su paso por el programa radial «Es Por Acá» -que conduce Jaun Bernaus y Julieta Fantini-, Boglione aclaró que la adhesión es voluntaria, pero no automática. “No es un trámite de un solo clic”, advirtió. El sistema de ARCA ofrecerá un borrador con los ingresos y gastos detectados, pero la declaración final deberá ser revisada y validada por un contador matriculado, incorporando información faltante y deducciones correspondientes. “Si hay errores u omisiones, las responsabilidades siguen existiendo”, subrayó.
Dólares fuera del sistema y formalización de activos
Uno de los objetivos más ambiciosos del régimen es facilitar la incorporación al circuito formal de los llamados “dólares en el colchón”. El Gobierno estima que alrededor de 170.000 millones de dólares se encuentran fuera del sistema bancario. En ese sentido, la normativa prevé que los bancos no estarán obligados a denunciar depósitos por presunto lavado de activos cuando los montos sean inferiores a US$ 50.000.
Para Boglione, se trata de un “cuasi-blanqueo” que difiere del implementado en 2024. “No hay un impuesto específico por blanquear, sino un mecanismo que permite formalizar fondos a través de Ganancias, con la idea de que ese dinero pase al sistema y se destine a inversión inmobiliaria o productiva”, explicó.
Cambios clave en el régimen penal tributario
La ley también actualiza de manera significativa los umbrales de la Ley Penal Tributaria, que habían quedado desfasados por la inflación. El monto mínimo para que exista evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada se elevó de 15 millones a 1.000 millones, por impuesto y por año fiscal.
Este ajuste implica que el Estado dejará de impulsar causas penales por montos menores, concentrando el peso de la ley en maniobras de gran escala. “Es una señal clara de hacia dónde se dirige la fiscalización”, señaló Boglione.
Una oportunidad, con cautela
Desde el análisis técnico, la Ley de Inocencia Fiscal aparece como una oportunidad para regularizar situaciones patrimoniales con menor riesgo penal. Sin embargo, los especialistas advierten que no se trata de una amnistía impositiva. “Formalizar activos generalmente implica pagar impuestos”, recordó Boglione, y remarcó la importancia de estudiar la letra chica y contar con asesoramiento profesional.
En definitiva, el nuevo régimen busca recomponer la confianza entre el Estado y los contribuyentes individuales, al tiempo que apunta a reactivar la economía mediante el reingreso de capitales al sistema formal. El desafío será que la promesa de previsibilidad se traduzca en reglas claras y estables en el tiempo.
