Por Andy Ferreyra. Edisur, la principal desarrollista inmobiliaria de Córdoba, convocó en agosto pasado a una Mesa Interbarrial de Seguridad que reunió a 15 barrios privados y un country de la zona de Manantiales I. La iniciativa buscó consensuar un modelo de cofinanciación para sostener puestos de vigilancia adicionales en espacios comunes, tras los hechos de inseguridad registrados en el sector. Sin embargo, los habitantes rechazaron pagar más por seguridad en la zona.
La propuesta contempló la instalación de un Puesto de Guardia en el Puente Juan Pablo II, un punto estratégico que conecta a varios de estos barrios a través de la avenida San Antonio. La empresa subsidió el costo total de la instalación durante agosto, septiembre y octubre de 2025, con una erogación mensual aproximada de $13.000.000.
El modelo de cofinanciación presentado el 8 de octubre se basó en un prorrateo por unidad funcional, con una cuota estimada de $3.830,84 por propiedad. Sin embargo, el resultado de la votación fue desfavorable: el 31% de los barrios rechazó la propuesta, el 25% no respondió y solo el 44% la aprobó.
«A partir del viernes 31 de octubre de 2025 se retiró el Puesto de Guardia del Puente Juan Pablo II, por lo cual el acceso por Av. San Antonio, identificado como una zona crítica y vulnerable que conecta varios barrios, quedó liberado y expuesto a hechos delictivos que afectan a todos los usuarios del Parque La Cañada», informó la empresa en un comunicado enviado a propietarios y residentes el pasado 7 de noviembre.
Los barrios convocados fueron Altos de Manantiales, Casonas de los Arcos, Casonas de Manantiales, Costas de Manantiales, Casonas de San Benito, Housing de Manantiales, Housing de Miradores, La Serena, Lomas de Manantiales, Manantiales Country, Miradores I y II, Pilares de Manantiales, Riberas de Manantiales, Sureño de Manantiales y Torrentes.
La convocatoria excluyó a la Comisión Vecinal Manantiales, que cuenta con personería municipal y se encuentra registrada en la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), lo que generó cuestionamientos sobre la representatividad de la mesa de diálogo impulsada por la desarrolladora.
Durante el funcionamiento del puesto de vigilancia, que operó las 24 horas con un agente policial adicional, no se registraron denuncias ni hechos delictivos en la zona, lo que confirmó su eficacia preventiva, según el reporte de Edisur.
Sin embargo, los habitantes de los barrios privados sostienen que el rubro Seguridad ya representa un alto porcentaje de sus gastos comunes mensuales. A ello se suman los impuestos municipales y provinciales que abonan, recursos que consideran deberían destinarse al servicio de seguridad pública. Bajo esta lógica, decidieron no afrontar un costo adicional para custodiar espacios de tránsito comunes.
La empresa mantuvo el diálogo con las comisiones vecinales y directorios a través de cuatro encuentros formales. El primero, el 21 de agosto, contó con la asistencia del 75% de los barrios. Una segunda reunión, prevista para el 12 de septiembre, debió reprogramarse por falta de quórum, con apenas un 20% de confirmaciones. El último encuentro, el 8 de octubre, reunió al 50% de las urbanizaciones.
«Como empresa, reafirmamos nuestra disposición a estar presentes, acompañando e impulsando esta iniciativa, siempre que cuente con el acompañamiento de los propietarios para cubrir los costos. Nos preocupa la situación tanto como a ustedes, nuestros vecinos, y creemos firmemente que la única manera de resolverla es trabajando en conjunto», expresó el Grupo Edisur en su comunicación oficial.
La desarrolladora mantiene desde 2015 un esquema de seguridad base que incluye un auto patrulla de seguridad integral, cuyos costos subsidia en su totalidad. No obstante, señaló que «es indispensable que este esfuerzo sea compartido por todos los barrios» para ampliar la cobertura.
El caso refleja una tensión creciente en urbanizaciones privadas de alto poder adquisitivo, donde conviven demandas de mayor seguridad con resistencia a asumir costos adicionales. La situación plantea interrogantes sobre el rol del Estado y del sector privado en la provisión de servicios de seguridad en zonas residenciales cerradas.
Edisur mantuvo abierta la Mesa Interbarrial de Seguridad y continúa evaluando propuestas de empresas especializadas para presentar a los vecinos. La empresa solicitó que cualquier nuevo esquema cuente con el compromiso financiero de las urbanizaciones beneficiarias.
