Por José Busaniche, especial para Perfil Córdoba. Cuando todavía están latentes las disputas internas y los cruces entre referentes del Frente para la Victoria –con la propia Cristina Fernández de Kirchner incluida- y los movimientos y organizaciones populares por la distribución, gestión y manejo de los planes sociales, en las últimos días se conoció la intención del ejecutivo de volver a plantear la necesidad de convertir esos planes en empleos formales privados y registrados.
El ministro de Economía Sergio Massa lo remarcó el jueves, en el marco de una reunión con el Consejo de las Américas. A través del programa “Puente al Empleo”, que desarrolló su equipo económico, se buscará que unos 200 mil beneficiarios de planes sociales sean contratados por un empleador y si cumplen con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por 1 año. El empleador completaría el resto del salario para llegar a valores de convenio.
Así, tras ese año el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y los beneficios de estar en el mercado laboral. En tanto, el beneficio para el empleador es que durante 1 año el Estado se hace cargo de parte del salario (la parte del plan). El jueves Massa señaló que también se compensaría a las empresas la parte de aportes y contribuciones.
El programa iba a ser oficializado con la publicación de un decreto el viernes 19, pero finalmente se informó que se publicaría hoy lunes.
Impacto. Por lo que se sabe hasta ahora, el programa buscaría “blanquear” una porción de los planes sociales, puntualmente los vinculados a los que ya tienen una prestación laboral por parte de los beneficiarios. Es una fracción de los planes de asistencia social que tienen algo de presencia en el mercado laboral, pero de manera informal.
Si el objetivo es una incorporación de 200 mil personas al mercado formal a nivel país, una simple estimación de su impacto en Córdoba dejaría ese número en cerca de 5 mil a 6 mil personas. Es una estimación propia que surge de conocer la baja incidencia que tiene el programa Potenciar Trabajo, que sería el universo que se tomaría para estas 200 mil personas, en Córdoba. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 53% de los beneficiarios, en Córdoba sólo hay un 3% de los beneficios repartidos.
Es una cifra muy baja si se tiene en cuenta, por ejemplo que solo en el Gran Córdoba, entre desocupados, sub ocupados y beneficiarios de planes sociales hay más de 230 mil personas.
A nivel país, el impacto de los 200 mil trabajadores populares que se busca blanquear parece muy poco frente a una realidad del mercado laboral muy compleja donde entre desempleados, inactivos en edad de trabajar, no asalariados y asalariados no registrados hay más de 16 millones y medio de personas.
Expectativas. Tanto desde las organizaciones populares, como de espacios que nuclean a cámaras empresariales pymes se vio con buenos ojos el objetivo de ir hacia una reconversión de planes sociales a empleo formal. Pero, con sus matices, cada espacio mostró fuertes dudas en la implementación y sobre todo en el impacto concreto y el alcance para generar cambios en la estructura del empleo, dadas las condiciones sociales actuales.
“En el abanico de la economía popular hay un sector que tiene posibilidades de incorporarse al empleo formal. Son anuncios y programas que vienen de la época de Duhalde no es algo nuevo esto de ir incorporando programas al empleo formal, pero es un porcentaje muy bajo. Nosotros vemos que no todos los compañeros y compañeras tienen las condiciones de empleabilidad para incorporarse al mercado y por otro lado, también hay que ver las condiciones de los sectores privados de otorgar empleo”, plantea Rosalía Cáceres del Movimiento Evita y referente de la Economía popular en Córdoba.
En su visión, se trata de un proceso que no va poder absorber a más de un 10% de un padrón particular, el de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que están en el programa Potenciar Trabajo. “Y ese programa no es un plan social, sino un complemento de ingresos por un trabajo que se realiza y esta desvalorizado, como el de cuidadoras, trabajadores de comedores, cooperativas de urbanización, etc. Bienvenido sea que haya iniciativas para incorporar a un segmento de la economía popular, pero después hay un gran sector de la economía popular a la que hay que fortalecer y otorgar derechos, empezando primero por la registración”, apunta.
Y detalla que hay entre 8 y 9 millones de personas que no están registrados y a los que habría que comenzar por registrar para pensar políticas novedosas para incorporarlos al empleo formal. “Nosotros creemos que estamos en una etapa pre peronista en relación al trabajo. Cuando Perón asume había 10% de trabajadores registrados y tomó la decisión política de registrar al 80%. Hoy tenemos una porción muy pequeña de trabajadores registrados y no creemos que al resto los puedan absorber las pymes. Sí creemos en el acceso al crédito productivo, en la formación, y en alianzas entre el movimiento popular, cooperativas y pymes”, remarca Cáceres.
Desde Barrios de Pie, Silvia Quevedo resalta que falta un debate serio en torno a la discusión de la reconversión de planes a empleo y que hay mucha estigmatización contra quien recibe apoyo de los programas sociales. “Tienen mucho trabajo, pero poco empleo. Es imposible que una persona viva de un programa social porque son $22 mil y después tienen complementos con trabajos en negro. El universo de las personas que están en negro y no tienen derechos es enorme. La pandemia dejó en evidencia eso, 14 millones de personas necesitaron de la ayuda del Estado”, asegura.
“Nadie va a estar en desacuerdo con que alguien acceda a trabajar a una fábrica, pero también hay muchas dudas por si te toman un tiempo y después te desvinculan y después no podes seguir trabajando en las unidades productivas como sucede en el Potenciar Trabajo. Tenemos que ver también cómo el sector privado puede generar puestos de trabajo. Hay 4 millones en la economía popular y más de 8 millones que no tienen nada, entonces hay que ver como el sector privado reacciona cuando durante tantos años no ha podido hacerlo. Vimos muchos de estos anuncios que se quedan en eso, en anuncios. Nadie se opone al plan, pero en lo concreto habrá que ver cómo se implementa”, dice.
Pymes. Federico Novaira, desde el colectivo de cámaras empresariales pyme C20, comentó que aún espera los detalles sobre cómo se implementarían los beneficios para las empresas sobre las cargas sociales y costos laborales, aunque adelantó el apoyo a este tipo de medidas.
“Vemos con buenos ojos que se empiece a subsidiar el empleo. Que el plan social, que hoy no genera ninguna devolución por parte de quien lo cobra, vaya direccionado hacia el empleo privado es lo positivo. Las pymes tenemos un rol importante, tenemos la capacidad rápida de generar empleo, sobretodo en algunos sectores como la construcción. En ese sentido, también estamos esperando detalles de otras medidas que pueden ir de la mano como el blanqueo de la construcción para generar nuevas inversiones”.
“Ahora, para que haya soluciones concretas se necesita que suba la inversión, se requiere que baje el gasto público, cambiar las currículas de las escuelas y recrear las condiciones para que las pymes puedan absorber a estas personas. La medida va en el sentido de lo que estamos pidiendo, subsidiar el empleo. Pero hay que generar las condiciones macro, controlar la inflación, bajar el déficit, promover las inversiones, para que tengamos condiciones para tomar empleo privado”, plantea.
Puente improbable. Para el economista Jorge Colina, presidente de Idesa y especialista es análisis sociales, laborales y previsionales, la posibilidad de convertir planes asistenciales en empleo formal privado es altamente improbable.
Lo señaló en una conferencia que se realizó en el auditorio Carlos Ortíz, en avenida La Voz del Interior y de la que participó Perfil Córdoba.
“Esa conversión es altamente improbable porque la informalidad y la baja empleabilidad de los desocupados e inactivos laborales se ha vuelto un fenómeno estructural. Si el crecimiento de 2004 a 2012 no logró incorporar a esa gente, cómo nos imaginamos que los desempleados y los inactivos laborales van a terminar incorporados al empleo formal. Además, para facilitar el paso al empleo formal, una condición necesaria es actualizar y adaptar los convenios colectivos de trabajo a la realidad de un mercado de trabajo donde la informalidad es más que la formalidad. Pero los sindicatos tradicionales se niegan rotundamente”, afirmó.
