El pasado lunes 31, la Unión Industrial de Córdoba renovó autoridades. Al frente de la entidad fue elegido Luis Macario, director de la compañía manicera Gastaldi Hnos, con la intención de mantener el fluido diálogo que supieron construir con el Gobierno provincial, sobre todo por la obligada renovación —con cambio de signo político o no— que se viene en El Panal. Sobre el escenario macro, la hoja de ruta de gestión y los desafíos de la industria, dialogó con PERFIL CÓRDOBA.
—¿Qué agenda urgente tienen hoy los industriales de Córdoba?
—La agenda es muy amplia porque estamos en un país que no tiene ningún tipo de previsibilidad, te levantas a la mañana y estás obligado a ver el Boletín Oficial para ver qué nueva norma te afecta, eso es una carga enorme. Una situación de la macro con variables sin control, hace que el desgaste que cualquier empresario tenga sea muy pesado. A eso se agregan problemas propios. Hay muchos temas, hoy lo más acuciante son las restricciones a las importaciones, porque muchas empresas dependen de componentes importados para funcionar.
Es imposible que encontremos una solución a esto porque el problema estructural es la falta de dólares. Massa pudo recomponer la base de reservas cuando se dictó el régimen de dólar soja, algo que también habla de cómo la discrecionalidad de un funcionario define quién gana y quién pierde. No hay una solución hasta que no haya un cambio estructural y empiece a haber más dólares.
—Un problema estructural al que encima se agrega discrecionalidad.
—Cuando tenés un Estado tan intervencionista, siempre estás sujeto a esa discrecionalidad. Hay pautas y prioridades, pero es muy difícil trabajar así, encima con cambios de sistemas, de Simi a Sira, que sumó más licencias no automáticas. En paralelo se habla de control y congelamiento de precios. Lo que sucede es que no hay un programa integral, se toman medidas reactivas para tratar de estirar la situación. El gobierno no quiere validar una devaluación que la misma realidad económica se la ha impuesto. El mercado va definiendo, por ejemplo, el tipo de cambio. No sé si es $ 290, pero más o menos es lo que se va determinando por oferta y demanda.
—Hoy también es complejo convalidar una devaluación fuerte por el nivel socioeconómico de la mayoría de la población, ¿un desdoblamiento para que el comercio exterior tenga un tipo de cambio competitivo puede ser una salida?
—Quizás sí. Pero en un contexto como el de hoy, el que exporta tiene inflación en dólares y tipo de cambio atrasado, además de retenciones. Le vamos restando cada vez más competitividad a las exportaciones. Desincentivamos lo que más necesitamos. Liberar el tipo de cambio tiene que hacerse con un plan de estabilización, pero se busca evitar costos políticos y la mala noticia que no se da, cada vez es mayor.
—¿El ajuste de hace unos años no era tan grande como el actual?
—Exacto. Cuando vos no tratas de administrar, la realidad económica se termina imponiendo y se va de control.
—¿Están proyectando un horizonte de estancamiento en el corto plazo?
—Hoy ya tenemos una situación complicada por la cosecha fina, la cosecha de trigo es de menor producción. Por la sequía vamos a tener menor producción, lo que implica tener menos divisas de la agroindustria. Y con tasas de inflación de tres dígitos, la capacidad de compra de la gente siempre va a ir por detrás. Lo que sucede en la economía es un síntoma y el problema de fondo no es económico, sino institucional. Si vos no tenés instituciones fuertes que definan las reglas de juego, es muy difícil que se pueda conseguir confianza y lleguen inversiones.
Si en el Congreso no se pueden poner de acuerdo en cuestiones mínimas, eso habla de la calidad institucional. Recuperamos la democracia en 1983, pero la institucionalidad sigue siendo muy débil. Seguimos discutiendo el ABC de las cosas, entonces no puede ir bien todo lo demás.
—Hablando de eso, el caso del legislador Oscar González quizás puede ser una oportunidad para repensar los excesos y privilegios de la política; ¿qué ven como entidad empresaria?
—Nuestra entidad tiene un valor irrenunciable con el que comulgan sus socios y que es el de ser apartidarios. Así debe ser. No podemos tomar posición porque estaríamos desviándonos de nuestro propósito. Nos vamos a sentar con quien sea para definir políticas públicas en beneficio de la industria y de la sociedad en general. No conozco el caso en detalle, me parece que si hubo un uso privado —de los vehículos— está mal. Todos debemos ser iguales ante la ley. Con todos los detalles y toda la información, tiene que ser la Justicia la que defina. Los que ejercen responsabilidades públicas son servidores públicos, tienen que actuar como tales y eso es lo que debe suceder, porque en definitiva el conjunto de la sociedad es la que paga sus sueldos.
—¿Hay motivos para ser optimistas? ¿Qué potencialidades tiene la industria?
—Es necesario ser optimistas porque seguimos en funcionamiento, a pesar de todo lo que nos sucede. Tenemos una capacidad y somos porfiados porque, en el fondo, pensamos en la posibilidad de que esto se vaya a convertir en un país normal. Seguimos invirtiendo, enterrando utilidades y trabajando. Este país también brinda muchas oportunidades, la mayor parte de las cosas está por hacerse. El sector privado es el que va a generar riqueza y el Estado tiene que ponerse al lado y ayudar.
