En medio del debate sobre el rumbo económico y el costo impositivo que enfrenta el sector agropecuario, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, volvió a poner en agenda el impacto de las retenciones a las exportaciones. Durante una exposición ante la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc), el funcionario aseguró que en la campaña agrícola actual los productores cordobeses resignarán alrededor de US$2.500 millones en concepto de derechos de exportación.
Según planteó, se trata de recursos que salen del sistema productivo provincial y que terminan en las arcas del Estado nacional, sin un retorno directo para Córdoba en forma de coparticipación o inversiones.
“Imagínense estos 2.500 millones de dólares… ahora con esta cosecha se van del bolsillo de los productores de Córdoba a la Nación. De eso no vuelve nada a Córdoba”, afirmó Busso ante empresarios del sector inmobiliario y desarrollista.
El planteo del ministro apuntó a mostrar el impacto indirecto que esa pérdida de ingresos tiene sobre la economía provincial. En su exposición sugirió que esos recursos, de permanecer en el circuito local, podrían convertirse en inversiones productivas, consumo o incluso operaciones inmobiliarias.
“El productor cuando le sacan la plata del bolsillo no la lleva a ningún paraíso fiscal. Está pensando en cambiar una herramienta, comprar una camioneta nueva, hacer algo en el pueblo o comprar un departamento”, sostuvo.
Como punto de referencia, se podría pensar, por caso, que representan esos US$2500 millones. Y si se toma un valor promedio de un departamento en barrio General Paz o en Nueva Córdoba, a un precio conservador de US$90.000, el monto de las retenciones aportadas por los productores locales equivale a unos 27.000 departamentos.
La comparación con el inmobiliario rural. Uno de los puntos centrales de su discurso fue la comparación entre el peso de las retenciones y el Impuesto Inmobiliario Rural que cobra la provincia, tributo que suele ser objeto de críticas por parte de productores cuando se actualiza.
Busso argumentó que, en términos reales, la carga provincial resulta significativamente menor. Para ilustrarlo utilizó una equivalencia en quintales de soja por hectárea, un indicador habitual en el análisis del sector agropecuario.
Según explicó, incluso en las zonas de mayor productividad de Córdoba -como Marcos Juárez- el inmobiliario rural representa aproximadamente un quintal de soja por hectárea, mientras que las retenciones implican una carga muy superior.
“Un quintal de soja por hectárea se paga en el lugar más rico de Córdoba o donde las tierras son más ricas y donde potencialmente más se paga”, señaló.
Luego contrastó ese dato con el peso de los derechos de exportación: “Cuando vemos ahí mismo cuánto van a pagar este año, estamos hablando de 13 o 14 quintales”.
Para el ministro, esa diferencia ayuda a explicar una paradoja frecuente en el debate impositivo rural: la mayor reacción frente a tributos provinciales o municipales que frente a los impuestos nacionales que gravan las exportaciones.
“Por ahí el productor reacciona si hay una tasa municipal o el impuesto provincial. Pero con las retenciones no reacciona tanto”, dijo.
Un impuesto que “no se ve”. Busso también planteó que parte de esa menor reacción se explica por la forma en que se cobra el tributo nacional. A diferencia de otros impuestos, las retenciones se descuentan directamente en la liquidación de granos que recibe el productor. “Eso es porque no se paga. A vos te lo descuentan. Ni siquiera el productor sabe bien qué es lo que le descuentan porque no viene detallado”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que el debate sobre los derechos de exportación debería exceder al sector agropecuario y convertirse en una discusión más amplia sobre el desarrollo económico del interior productivo. “La retención no es un problema del productor, es un problema de todos los sectores productivos”, afirmó.
El vínculo con el modelo económico. Las declaraciones del ministro provincial se producen en un momento en el que el gobierno nacional encabezado por Javier Milei impulsa un “programa de estabilización macroeconómica” centrado en el equilibrio fiscal y la apertura de la economía.
Busso manifestó que desde Córdoba existe coincidencia con la necesidad de ordenar las cuentas públicas, aunque advirtió sobre el impacto que ciertas políticas pueden tener sobre el entramado productivo.
“Argentina necesita ordenar su economía… empezar a tener un país mucho más previsible, con reglas de juego más claras”, dijo.
En esa línea, señaló que el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica son condiciones necesarias para el crecimiento, pero advirtió que el desafío ahora es generar expansión de la actividad.
“Si uno no agranda la torta, ¿cómo la agranda? Produciendo más”, planteó. Para el ministro, la clave para lograrlo pasa por estimular sectores generadores de valor agregado como el agro y la industria.
Apertura económica y competencia. Otro de los temas abordados por Busso fue el proceso de apertura comercial que impulsa el Gobierno nacional. Si bien se mostró a favor de una economía más integrada al mundo, advirtió sobre los riesgos de una liberalización abrupta.
“Estoy convencido de que no se puede vivir en una economía cerrada ni en un país cerrado. Necesitamos venderle al mundo”, afirmó. Sin embargo, agregó que la apertura debe ser gradual y considerar las diferencias de competitividad con otros países. El ministro puso como ejemplo el caso de Brasil, país que en los últimos años duplicó su producción agropecuaria y desarrolló una poderosa industria de proteínas animales. “Brasil crece en producción agropecuaria porque es rentable producir”, sostuvo. Durante su exposición, Busso también alertó sobre el impacto que una apertura sin instrumentos de defensa podría tener sobre algunas cadenas productivas, particularmente en la industria.
En ese sentido, mencionó la importancia del entramado automotriz que tiene a Córdoba como uno de sus polos centrales. “Córdoba está emparentada con la industria automotriz, pero no solamente por las terminales, sino por todo el ecosistema que irradia”, dijo. El funcionario planteó preocupación por la continuidad de instrumentos que promueven la integración de autopartes nacionales y advirtió que competir en desigualdad de condiciones puede afectar a proveedores locales.
“La competencia es buena, pero hay que competir en igualdad de condiciones”, afirmó. En el cierre de su exposición ante desarrollistas, Busso volvió al punto inicial: el rol del agro como motor económico del interior. Desde su perspectiva, la eliminación progresiva de las retenciones sería un factor clave para impulsar la producción y, por extensión, dinamizar otras actividades. “Tenemos que ir a cero”, afirmó sobre ese tributo.
Efecto multiplicador. Desde una mirada económica, el consultor Gastón Utrera también vinculó el debate sobre los recursos que genera el sector agropecuario con el potencial de financiamiento para otras actividades de la economía, en particular la construcción y el mercado hipotecario.
Según explicó, una mayor disponibilidad de excedentes en sectores productivos como el agro podría traducirse en más inversión en otros rubros, lo que generaría un efecto multiplicador sobre la actividad económica. En ese sentido, señaló que una economía con mayor producción y mayor generación de excedentes “podría derivar en más recursos volcados a la construcción”.
Utrera planteó además que en Córdoba se vienen analizando desde hace años distintos mecanismos financieros para canalizar ahorro y recursos productivos hacia el crédito hipotecario y el financiamiento de inversiones. Entre ellos mencionó la posibilidad de desarrollar un mercado de cédulas hipotecarias indexadas por salario, que permitiría generar instrumentos de largo plazo para financiar vivienda.
La idea, explicó, es construir un esquema en el que los recursos provenientes de distintos fondos —por ejemplo vinculados a sistemas de indemnización laboral— puedan canalizarse hacia inversiones productivas o crédito hipotecario, preservando el valor de esos fondos en términos salariales.
