En Argentina, cuando se habla del universo pyme, ya sea desde las firmas medianas con historia a las micro empresas recién constituidas, el acceso al financiamiento se transforma en una cuestión medular. El empresario pyme suele enfrentarse a procesos engorrosos y complejos para obtener un crédito que le demandan un tiempo de gestión que no tiene, condiciones que le suenan difícilmente cumplibles y una oferta de productos dispersa de la que no siempre está al tanto. Por este motivo, el comportamiento más común entre los dueños de un emprendimiento es apelar al capital propio o quedarse solo con una línea crediticia que le brinda su banco principal.
En este contexto, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y los Fondos de Garantía Públicos aparecen como herramientas con numerosas ventajas en cuanto a tasas y plazos debido a los avales que otorgan. Aunque aún sea una opción poco explorada, según los últimos datos de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog) con información a julio de este año, el número de micro, pequeñas y medianas empresas asistidas ascendió a 62.116 en lo que va de 2025, frente a 42.701 del mismo lapso de 2024. El 77% de las firmas asistidas son microempresas, el 18% pequeñas y el 5%, medianas. Por sectores, el 31% de las pymes que acudieron a una SGR pertenecen al comercio, el 24% a los servicios y el 22%, a la industria.
Las SGR nacieron para facilitar el acceso al financiamiento a pymes de todo tipo mediante el otorgamiento de garantías que mejoran las condiciones crediticias. No prestan dinero directamente, sino que conceden avales para que una pequeña empresa pueda financiarse a tasas de interés más convenientes y plazos más largos de los que conseguiría en el mercado si no contara con ese respaldo.
Las SGR están formadas con dos tipos de socios: las pymes a las que avalan (denominadas socios partícipes) y las personas físicas o jurídicas que aportan capital a la entidad y al fondo de riesgo que respalda las garantías otorgadas (conocidos como socios protectores). Por su parte, los Fondos de Garantía Públicos -tanto nacionales como provinciales- también otorgan avales para mejorar el acceso al financiamiento pyme.
“Si hay un incumplimiento de la pyme que tomó el crédito, la sociedad garante responde ante los acreedores a través del fondo de garantía, lo que contribuye a la seguridad de todo el sistema y es la clave para que las empresas puedan obtener mejores condiciones”, explica María Laura García Conejero, fundadora y CEO de LUC, una plataforma que conecta a MIPyMEs con las entidades que otorgan créditos y con SGR y fondos de garantía que los avalan.
Para acceder a una garantía, es necesario que la empresa cuente con un certificado MiPyME vigente, que acredita su condición ante la Subsecretaría PyME y la ARCA, y que se tramita en la página web de este último organismo. En ese mismo sitio también se puede dar de alta el LUFE (Legajo Único Financiero y Económico). Al momento de acercarse a alguna de las sociedades que funcionan en el mercado, le solicitarán su documentación societaria y contable. Una vez que cuenta con el aval de la SGR, la pyme ya puede emplearla para obtener un crédito en un banco o para acceder a otro tipo de instrumento del mercado de capitales.
Además de préstamos, las SGR avalan también cheques de pago diferido propios o de terceros, pagarés de terceros, fideicomisos financieros, obligaciones negociables pymes y operaciones de leasing, entre otras opciones. Al actuar como un respaldo, este sistema reduce la exposición crediticia individual de la pyme y genera un círculo virtuoso, porque permite que más firmas de su tipo obtengan financiamiento con costos más bajos.
Otro número que refleja la ventaja de las SGR es su alcance federal: el 41% de las empresas con garantías vigentes está concentrada en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, pero el 30% pertenece a la región centro y el resto se reparte en otras regiones del país.
“El desafío, más allá de las volatilidades transitorias que pueda enfrentar el mercado, es ampliar el alcance de estos instrumentos para impulsar el desarrollo de las empresas”, concluye García Conejero.
