Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), elaborado por el economista Osvaldo Giordano, advierte sobre un factor poco visible pero determinante que limita el desarrollo del crédito en el país: la presión de las tasas municipales sobre la intermediación financiera.
Si bien la escasez y el alto costo del crédito se explican principalmente por la inestabilidad macroeconómica, el estudio señala que, a medida que se avanza hacia el equilibrio fiscal, emergen otros condicionantes igualmente nocivos. Entre ellos, se destacan los tributos locales aplicados a los bancos, que funcionan en la práctica como un impuesto encubierto y distorsivo.
Tasas que actúan como impuestos
Según el marco legal vigente, una tasa municipal debería ser la contraprestación por un servicio concreto que el municipio pone a disposición del contribuyente, y su valor no puede exceder el costo de ese servicio. Sin embargo, cuando esto no se cumple, las tasas terminan operando como impuestos disfrazados que afectan la eficiencia económica y el acceso al financiamiento.
El estudio releva información aportada por entidades bancarias en 51 municipios de 10 provincias, que representan aproximadamente el 30% de la población del país. A partir de esos datos, se estimó la alícuota efectiva promedio que enfrentan los bancos por este concepto, medida como la proporción que representan las tasas municipales sobre sus ingresos.
El resultado es contundente: la carga promedio asciende al 5,9% de los ingresos, un nivel que —según el informe— excede ampliamente los parámetros de proporcionalidad permitidos para este tipo de tributo. Además, hay una dispersión muy marcada entre jurisdicciones: mientras algunos municipios aplican menos del 1%, otros superan el 7%.
Créditos más caros para empresas y familias
El impacto sobre el costo financiero es significativo. En el caso de un préstamo productivo —donde el IVA no influye porque se descuenta del IVA ventas—, la combinación de tasas municipales e impuestos provinciales (Ingresos Brutos y Sellos) puede incrementar el costo total en más del 20% en algunas localidades.
Para los créditos personales, donde se suma el IVA, la carga impositiva puede encarecer la tasa de interés que pagan las familias en casi un 50%. Ese nivel de presión, advierte el informe, se convierte en un freno directo a la competitividad y al consumo.
Distorsiones, inequidades y burocracia
El documento también identifica otros factores que agravan el problema y justifican una revisión integral del esquema tributario municipal:
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Falta de criterios homogéneos: Cada municipio establece sus propias reglas, generando inseguridad jurídica y mayores costos administrativos para los bancos.
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Discriminación sectorial: Muchas ciudades aplican alícuotas más elevadas a las entidades financieras que a otros sectores con igual capacidad contributiva. En algunos casos, las diferencias superan las diez veces.
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Asimetrías competitivas: Las “tasas territoriales” solo se aplican a quienes tienen presencia física en la localidad. En un contexto donde muchos servicios financieros pueden brindarse digitalmente, esto castiga a quienes mantienen sucursales.
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Carga cruzada entre regiones: Como las tasas de interés bancarias son relativamente uniformes a nivel nacional, los clientes de zonas con baja tributación terminan subsidiando los costos de las jurisdicciones con mayor presión fiscal.
Una reforma impostergable
El informe concluye que, sin una reforma profunda del sistema tributario municipal, será imposible que empresas y hogares accedan a crédito en condiciones competitivas. La propuesta apunta a construir un esquema más simple, armónico y respetuoso de los principios legales: que las tasas respondan estrictamente al costo de los servicios que los municipios efectivamente prestan.
Mientras el sistema actual permanezca sin cambios, el crédito seguirá siendo limitado, caro y desigual, afectando directamente el crecimiento económico y el bienestar de las familias.
