En un contexto de precios internacionales en baja y costos internos aún elevados, la participación del Estado sobre la renta agrícola argentina volvió a incrementarse. Según el último relevamiento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), correspondiente a junio de 2025, el 63,6% de la renta agrícola se destina al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Esto significa que, por cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $63,60 terminan en manos del Estado. El resto se reparte entre la renta de la tierra (26,6%) y el resultado económico neto para el productor (apenas 9,8%).
El informe, que analiza los cuatro principales cultivos del país —soja, maíz, trigo y girasol—, muestra fuertes diferencias. En el caso del trigo, la participación del Estado asciende a un alarmante 78,2%, seguido por la soja con un 65,9%. Para el girasol, el índice es de 63,2% y en el caso del maíz, 53,4%.
A pesar de la baja temporal en los Derechos de Exportación (DEX) implementada por el gobierno, la participación estatal subió respecto a marzo, cuando marcaba 58%. ¿El motivo? La caída en los precios internacionales de los granos, que reduce la renta total y aumenta proporcionalmente el peso de los tributos.
Si los DEX volvieran a su régimen habitual —como se espera, salvo en el trigo—, el índice nacional escalaría al 67%.
Córdoba: una presión impositiva que supera el promedio nacional
En el caso de Córdoba, el índice FADA alcanzó el 64%, levemente por encima del promedio nacional. Aunque la provincia no cobra Ingresos Brutos a la producción primaria ni aplica tasas municipales, los productores deben afrontar un elevado impuesto inmobiliario rural y el impuesto a los sellos. En total, los tributos provinciales promedian $34.403 por hectárea, uno de los valores más altos entre las provincias relevadas. Además, el costo del flete —dado que la producción se encuentra lejos de los puertos— representa el 31% de los costos para una hectárea de maíz, encareciendo la estructura productiva respecto de otras regiones más cercanas a los centros de exportación.
Un esquema regresivo y poco federal
FADA pone especial énfasis en el problema del federalismo fiscal: el 63,8% de los impuestos pagados por una hectárea agrícola son nacionales y no coparticipables, es decir, que no se redistribuyen entre provincias. Los tributos más relevantes en esta categoría son los DEX y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Por su parte, los impuestos coparticipables (como Ganancias o el IVA neto) representan un 28,4%, mientras que los provinciales suman 6,8% y los municipales apenas 1%, aunque con grandes disparidades regionales.
Radiografía por provincias
El análisis provincial también muestra grandes diferencias. Entre Ríos presenta el índice más alto (69,1%), seguida por Córdoba (64%), La Pampa (62%), San Luis (61,1%), Buenos Aires (59,7%) y Santa Fe (58,6%).
Estas variaciones no implican necesariamente que se paguen más impuestos en términos absolutos, sino que reflejan diferencias en los rendimientos agrícolas y costos productivos locales. La distancia a los puertos, por ejemplo, impacta fuertemente en el costo del flete, que en Córdoba representa hasta el 31% del costo total para una hectárea de maíz, frente al 17% en Santa Fe.
La tierra y los costos dolarizados
El informe también detalla que entre el 47% y el 60% de los costos de producción (según el cultivo y si se considera o no el valor de la tierra) están dolarizados, lo que expone al productor a una mayor vulnerabilidad frente a la volatilidad cambiaria.
Además, el precio de los fertilizantes como la urea se mantuvo estable, pero la relación insumo-producto empeoró en trigo, requiriéndose más toneladas del grano por cada unidad de fertilizante.
El informe FADA de junio 2025 vuelve a poner en evidencia una tensión estructural del agro argentino: la carga impositiva, en muchos casos desproporcionada frente al riesgo productivo. Y alerta sobre los efectos distorsivos del actual esquema fiscal, que centraliza recursos en Nación y desalienta la producción en regiones alejadas de los centros portuarios. En momentos de caída de precios y márgenes reducidos, el debate sobre la presión tributaria en el campo se vuelve cada vez más urgente.
